Las normativas diseñadas para preservar el patrimonio se han convertido (…) en una barrera para el acceso a fuentes de energía más limpia y asequibles (…) Sin embargo, gracias a la presión de colectivos vecinales y organizaciones sociales, algunas administraciones han comenzado a revisar sus regulaciones, explorando reformas que contemplan mayores grados de flexibilidad.
(…) las comunidades energéticas (CE) constituyen una alternativa técnica y organizativa que permite compatibilizar energías renovables y patrimonio al facilitar la deslocalización de las instalaciones de autoconsumo. (…) es necesario superar barreras normativas y fomentar el compromiso ciudadano. (…) las CE pueden activar procesos de transición más amplios, inclusivos y transformadores, capaces de imaginar colectivamente la ciudad e incidir en las políticas públicas.
Desde el proyecto STEP (…) venimos ensayando metodologías participativas que permiten identificar zonas sensibles o aceptadas para instalación de placas fotovoltaicas en contextos patrimoniales.
En el actual contexto de emergencia climática, los cascos históricos y ciudades patrimoniales enfrentan un doble desafío: contribuir a la descarbonización sin comprometer sus valores culturales y paisajísticos. Esta tensión se expresa especialmente ante la posibilidad de integrar tecnologías renovables, como los paneles fotovoltaicos, en tejados de entornos protegidos.
Las normativas diseñadas para preservar el patrimonio se han convertido, en muchos casos, en una barrera para el acceso a fuentes de energía más limpia y asequibles, especialmente en contextos de calor extremo intensificados por el efecto isla de calor. Sin embargo, gracias a la presión de colectivos vecinales y organizaciones sociales, algunas administraciones han comenzado a revisar sus regulaciones, explorando reformas que contemplan mayores grados de flexibilidad.
En este escenario, las comunidades energéticas (CE) constituyen una alternativa técnica y organizativa que permite compatibilizar energías renovables y patrimonio al facilitar la deslocalización de las instalaciones de autoconsumo.
En Córdoba, acompañadas por la Escuela de Economía Social, diversas organizaciones sociales, vecinales y técnicos locales impulsaron la creación de La Chispa, una CE localizada en el centro histórico.
En su primera asamblea –en la que participamos– se definieron los objetivos fundacionales de la futura CE y se debatieron las limitaciones normativas vigentes. Durante el encuentro, se destacaron como temas clave para avanzar hacia políticas más justas y contextualizadas: la necesidad de integrar la percepción ciudadana sobre qué zonas son visual o patrimonialmente sensibles, así como identificar cubiertas disponibles y zonas menos expuestas. Al mismo tiempo, se subrayó que el ahorro energético no puede ser el único objetivo: la transformación cultural –en hábitos de consumo, en formas de decidir colectivamente y en la apropiación del espacio y el paisaje urbano– debe estar en el centro del debate.
Para que las CE prosperen, es necesario superar barreras normativas y fomentar el compromiso ciudadano. En ciudades con una larga tradición de participación vecinal, las CE pueden activar procesos de transición más amplios, inclusivos y transformadores, capaces de imaginar colectivamente la ciudad e incidir en las políticas públicas.
Desde el proyecto STEP –en su línea sobre la dimensión Urbanística y Patrimonial de la energía distribuida–, venimos ensayando metodologías participativas que permiten identificar zonas sensibles o aceptadas para instalación de placas fotovoltaicas en contextos patrimoniales. En una primera encuesta piloto en Aroche (Huelva), evaluamos el uso de imágenes en encuestas públicas como herramienta de diagnóstico para detectar espacios percibidos como sensibles por la población. Actualmente desarrollamos una segunda experiencia que estamos aplicando en Rociana del Condado. Este trabajo busca contribuir con metodologías accesibles e innovadoras que integren la perspectiva social y ofrezcan fundamentos para evaluar la viabilidad y localización de las instalaciones.
Integrar estas miradas permite construir normativas menos abstractas, más situadas y legítimas socialmente. Apostar por modelos energéticos más democráticos, como las CE, o por herramientas que integren la percepción ciudadana, es clave para evitar procesos de gentrificación energética, ante la creciente dificultad de afrontar los costos de la energía convencional y las limitaciones para acceder a soluciones más sostenibles. En las ciudades patrimoniales, la transición no puede ser solo técnica, debe ser también sensible a las aspiraciones sociales de quienes habitan sus barrios.
