El despliegue de energías renovables en España ha entrado en una fase de fuerte aceleración (…)sin embargo, está generando impactos territoriales de creciente complejidad, que exigen repensar con urgencia sus condiciones de implantación.
La cuestión no es si deben desarrollarse las renovables, sino cómo hacerlo.
Tres enfoques están adquiriendo un papel relevante: criterios de implantación, zonificación territorial e índice de saturación.
Ordenar -el territorio-, en este contexto, no es frenar, sino permitir una transición más justa, sostenible y socialmente aceptada. (…)La transición energética no puede abordarse únicamente desde la óptica tecnológica. Es, ante todo, un proceso de transformación territorial.
El despliegue de energías renovables en España ha entrado en una fase de fuerte aceleración, impulsado por los compromisos climáticos, las estrategias de descarbonización y la urgencia de garantizar la soberanía energética. Este proceso, sin embargo, está generando impactos territoriales de creciente complejidad, que exigen repensar con urgencia sus condiciones de implantación.
En numerosos casos, la instalación de grandes plantas solares y parques eólicos se ha producido al margen de una verdadera planificación territorial. La lógica ha sido, principalmente, la de habilitar suelo, agilizar procedimientos y favorecer la inversión. Esta aproximación, comprensible en un momento de emergencia energética, está revelando límites evidentes: conflictos con otros usos del suelo, afecciones paisajísticas significativas, tensiones sociales y una creciente percepción de desequilibrio territorial.
La cuestión no es si deben desarrollarse las renovables, sino cómo hacerlo. La experiencia acumulada en algunas comunidades autónomas está abriendo paso a enfoques más integrados, que combinan distintos instrumentos de ordenación territorial.
Tres enfoques están adquiriendo un papel especialmente relevante:
En primer lugar, los criterios de implantación, que establecen restricciones a la localización de instalaciones en función de factores ambientales, agronómicos, paisajísticos o de compatibilidad territorial. Mediante la exclusión de suelos especialmente protegidos o de elevada capacidad productiva, se busca minimizar conflictos con otras funciones estratégicas del territorio.
En segundo lugar, la zonificación territorial, que permite identificar áreas con distintos niveles de aptitud para el desarrollo renovable. Este enfoque no solo distingue entre zonas aptas o no aptas, sino que introduce matices intermedios según la sensibilidad ambiental, la presencia de valores patrimoniales o la viabilidad técnica y económica. En algunos casos, se ha vinculado a las denominadas “zonas de aceleración” previstas por la normativa europea, que contemplan procedimientos simplificados en áreas previamente evaluadas.
Por último, el índice de saturación representa un avance significativo al introducir límites cuantitativos a la densidad de implantación. A partir de criterios como la visibilidad paisajística o la capacidad agrológica del suelo, permite evitar la concentración excesiva de instalaciones en determinadas zonas, preservando el equilibrio territorial.
Existe margen de maniobra. Las estimaciones actuales indican que la superficie necesaria para alcanzar los objetivos fijados para 2030 es reducida en términos relativos. Ello permite aplicar con responsabilidad criterios de ordenación, sin comprometer el ritmo del despliegue renovable. Ordenar, en este contexto, no es frenar, sino permitir una transición más justa, sostenible y socialmente aceptada.
La transición energética no puede abordarse únicamente desde la óptica tecnológica. Es, ante todo, un proceso de transformación territorial. Reconocerlo implica asumir que su éxito dependerá tanto de la capacidad para generar energía limpia como de la voluntad para articular soluciones respetuosas con los territorios y las comunidades que los habitan.
